Colaborador
Yessenia Centeno
De manera voluntaria una pareja de jóvenes que enfrentan dos juicios señalados de cometer el delito de robo con fuerza agravado en perjuicio de tres comerciantes estelianos, cuyas pérdidas superan los 140 mil córdobas, aseguraron su inocencia en juicio oral y público ante los delitos imputados.
Moisés Francisco García Moreno y su pareja Yara Francela Castillo Hudiel, son señalados de ser las personas que la madrugada del 24 de diciembre de 2016, aprovecharon el cansancio de los habitantes para violentar la aldaba del portón e ingresar a un módulo del mercado Alfredo Lazo, donde sustrajeron mercadería valorada en más de 120 mil córdobas.
Las víctimas de este robo son los comerciantes Roger Antonio Rayo Zamora y Sujey Milagro Barreda Dormus, cuyo local se ubica frente al costado oeste del Colegio Las Monjas en esta misma ciudad.
Este viernes, continuó el juicio oral y público, donde la pareja manifestó su voluntad de declarar y ambos ante la juez de distrito penal de juicio en Estelí doctora Elizabeth Corea, negaron haber cometido el robo de mercancía de un módulo del mercado Alfredo Lazo.
Tanto Moisés Francisco García Moreno, como Yara Francela Castillo Hudiel, dijeron que el día de su detención, ambos se dirigían a la casa de un familiar ubicada en el barrio José Benito Escobar y que los agentes policiales solo les informaron que ambos tenían una orden de captura.
Según los acusados, fue hasta la audiencia preliminar que se enteraron de los hechos por los cuales ahora son procesados, sin embargo insisten en que ellos son inocentes de los cargos por los cuales están sentados en el banquillo de los acusados.
Cabe señalar que la pareja de acusados, también enfrentan otra causa judicial por un segundo robo cometido en una vivienda ubicada en el barrio Alexis Arguello, propiedad del comerciante John Oliver Flores Mendoza en donde la mercadería sustraída está valorada en más de 24 mil córdobas, consistente en perfumes, ropa de marca, un celular y productos varios.
La suma total de robo equivale a diez salarios mínimos en el sector industrial lo que según el representante del ente acusador Fiscal auxiliar Carlos Salazar lo convierte en un delito grave.
