Estelí, 15 de Agosto de 2018 | La ausencia en el juzgado de siete manifestantes que apoyaron el tranque en Estelí y ahora son acusados de ocho delitos, incluyendo el crimen organizado, fue la razón por la cual la juez de distrito penal de audiencias en Estelí Alma Pino Irías, reprogramó la audiencia inicial prevista a realizarse este martes.

Por casi tres horas y bajo un fuerte dispositivo policial, la juez esperó que los custodios del sistema penitenciario Puertas La Esperanza en Estelí, trasladaran a los manifestantes hasta la sala de audiencias, sin embargo, los procesados nunca fueron llevados al Complejo Judicial.

Además del delito de crimen organizado, los manifestantes enfrentan cargos por los delitos de asociación para delinquir, secuestro simple, fabricación, tráfico, tenencia y uso de armas restringidas, así como de sustancias o artefactos explosivos.

Otro de los delitos que les imputan a los estelianos es el entorpecimiento de los servicios públicos, robo agravado, tenencia ilegal de armas de fuego y amenazas con armas de fuego.

La acusación señala a catorce personas, pero hasta el momento ocho han sido capturadas y puestas a la orden de la instancia judicial, entre ellos los jóvenes José Daniel Álvarez Polanco, Jairo Samuel Arauz Martínez, Alan Deney Moreno Benavidez y Kevin Orlando López Arosteguí.

Son procesados además el universitario Brayan Alexander Quiróz, Otoniel Faustino Espinoza Calderón y el taxista Rubén Omar Guido Araica.

El abogado Ulises Morazán, defensa técnica de Kevin Orlando López Arosteguí, dijo que no debió reprogramarse tomando en cuenta que la tramitación compleja resuelta por la juez Alma Pino fue apelada ante el tribunal de segunda instancia y estos no se han pronunciado al respecto.

"Yo metí un recurso de apelación, de eso ya se hizo la audiencia y estaba para notificarme hoy el Tribunal de Apelaciones. Yo considero que mientras esté ese recurso de apelación opera un recurso que se llama efecto suspensivo, es decir, que la decisión del juez de darle tramitación compleja está suspensa mientras no resuelva el tribunal si tiene o no, tramitación compleja", alegó Morazán.

Por su parte el abogado Jaime Matute sostuvo que será hasta el próximo veinte de agosto en que conocerán las pruebas que la Fiscalía ofrecerá en contra de los jóvenes detenidos.

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Familiares inconformes

Los familiares de los detenidos manifestaron su inconformidad por considerar que la reprogramación se traduce en retardación de justicia que a la vez es violatoria a los derechos humanos de los muchachos detenidos y con ello alarga el dolor de sus familiares.

"El alcaide que por favor respete las orientaciones de los jueces", mencionó una de las familiares.

En tanto, otra familiar de un detenido consideró que hay ineptitud de las instituciones para hacer un proceso lento, cansado y tedioso.

Seis manifestantes con orden de captura

Cabe señalar que por la comisión de los ocho delitos también se acusa a los ciudadanos: Sergio Iván Arróliga Espinoza, Alex Murillo Castillo Parrilla, Juan Carlos Contreras, Lester José Rizo Salas, Reynerio Rocha Hudiel, Juan Alfredo Leiva Fuentes y Oscar Danilo Castro, todos con orden de captura girada por la juez Alma Pino Irías.

Las víctimas según acusación

Entre las víctimas que señala la acusación se mencionan a Juan Ernesto Centeno Centeno, Alex Elmer Castellón Benavidez, Mario Narciso Torres López, Joseff Samir Jiménez Mendoza, Francisco Pauth Hudiel, José Francisco Castellón Rodas, Amilcar Antonio Rodríguez Zamora, Alexander Leal Benavidez, Ariel Iván Benavidez Rodríguez Zamora, Juan Thomas Gadea Guillen y Harvi Alí Cruz Pérez.

También se mencionan a tres empresas privadas, como son la Tabacalera Santiago de Nicaragua representado por Francisco Santiago Pérez, Sistema Profesionales de Seguridad Sociedad Anónima, y la empresa de Vigilancia Privada Sociedad Anónima (VIPSA), así como el restaurante La Ensenada y La Barranca.