Durante aproximadamente cuatro años la irresponsabilidad ambiental y social de algunas personas perjudica a los habitantes de las comunidades Paso Ancho y La Tunosa del municipio de Estelí, además a los pobladores que circulan por la zona, ya que se ha creado un basurero clandestino.
Para luchar contra los montones de basura y hasta animales muertos que llegan a botar a dicho camino, algunos pobladores de la comunidad Paso Ancho se han organizado en ocasiones anteriores para limpiar, pero ya están cansados de hacerle frente a una situación que ellos no provocan.
Don Carlos Ventura Amaya Iglesias, propietario de la Quinta La Minita, ubicada en Paso Ancho, manifestó su indignación por esta problemática, lo cual él considera una vergüenza por la falta de responsabilidad de las personas que no depositan la basura en los lugares adecuados, además resiente la falta de acciones de las autoridades.
Amaya indica que la situación se presenta en el "Gancho de camino" entre Paso Ancho y La Tunosa. Él considera que los responsables de esas acciones son habitantes de barrios cercanos a la zona, a quienes no han podido identificar en todo este tiempo porque aparentemente llegan en horas de la noche a tirar los desperdicios.
Para don Carlos Amaya resulta preocupante también que los demás pobladores de las comunidades mencionadas no se dispongan a realizar labores de limpieza para luchar contra la contaminación, mal olor y riesgo de enfermedades que genera la basura amontonada.
Por su parte, don Liomer Rodríguez, también de Paso Ancho, indica que a diario se observa que llegan a tirar basura al sector y si un día limpian al siguiente vuelven a encontrar sucio.
Esta problemática tiene cada vez más preocupados a los habitantes de esta zona porque lejos de arreglarse sigue empeorando y les parece injusto hacerse responsables y sufrir las consecuencias de la basura ajena.
En Nicaragua existe la Ley General del Ambiente y los Recursos Naturales, número 217, la que indica que acciones como ésta infringen la ley y los responsables pueden incurrir en multas desde un mil hasta cien millones de córdobas, dependiendo de la capacidad económica y el daño causado. Estas sanciones pueden ser aplicadas por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales en conjunto con las alcaldías y el Ministerio de Salud.
