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Siguen incumpliendo ordenes en el Sistema Penitenciario

Las autoridades del Sistema penitenciario Puertas la Esperanza de Estelí, incumplieron una orden judicial que hace once días emitió la juez de distrito penal de audiencias en Estelí doctora Alma Pino, al resolver un cambio en la medida cautelar impuestas a dos ex empleadas de la Empresa ECONORTE, acusadas por un presunto desfalco que dejó pérdidas que superan el millón de córdobas.


Colaborador Yessenia Centeno
25-Enero-2017
Estelí-Nicaragua
Las autoridades del Sistema penitenciario Puertas la Esperanza de Estelí, incumplieron una orden judicial que hace once días emitió la juez de distrito penal de audiencias en Estelí doctora Alma Pino, al resolver un cambio en la medida cautelar impuestas a dos ex empleadas de la Empresa ECONORTE, acusadas por un presunto desfalco que dejó pérdidas que superan el millón de córdobas.

Gioconda Gámez Rocha que fungía como administradora y Rossibel Peralta Gutiérrez quien operaba como cajera, son las ex trabajadoras de la empresa de cobranza del servicio de energía eléctrica a quienes el Ministerio Público acusa por los delitos de hurto agravado, falsificación de documentos y uso de documentos falsos.

El abogado Mauricio Peralta defensor de Rossibel Peralta Gutiérrez, dijo a noticias ABC que una vez más las autoridades del penal han puesto oídos sordos a la orden emitida por la Juez Alma Pino, pese a que el sistema penitenciario como institución no tiene facultades para incumplir las ordenes giradas por los jueces.
Según el litigante, durante la audiencia inicial realizada el trece de enero, la Juez Alma Pino resolvió cambiar la prisión preventiva por arresto domiciliar, luego que Rossibel Peralta Gutiérrez pusiera en garantía una propiedad valorada en más de 500 mil córdobas, mientras que Gioconda Gámez Rocha depositó en la cuenta de la Corte Suprema de Justicia la suma de 300 mil córdobas netos.

Cabe señalar que según la acusación, el desfalco de un millón trescientos noventa y cinco mil córdobas se produjo entre los meses de marzo y septiembre del 2016, periodo en el que presuntamente las acusadas alteraron los Boucher de las minutas de pago que recibían de los agentes de ECONORTE en todos los municipios de este departamento.

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